El consejo de expertos a los que el
Gobierno ha encargado la elaboración de un informe para reformar el sistema de
pensiones ha sido aprobado por una amplia mayoría. El informe, consagra
legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones
pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi
congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo,
como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más
bajas.
El
Gobierno remitirá el informe al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria
donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con
los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el
momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una
aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo
2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el
Ejecutivo con la
Comisión Europea.
Independientemente del contenido del
texto, desde el entorno del presidente matizan que el Gobierno trabaja ya en fórmulas para intentar incorporar a los
sindicatos y al PSOE en un pacto complejo pero no imposible
Hace más de un mes que la docena de académicos a los que el
Gobierno encargó el
diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Su conclusión pasa
por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social :
por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y
ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro,
estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a
la esperanza de vida en el momento de retirarse.
El factor de sostenibilidad es un
mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones
que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en
vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación
hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en
diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un
grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el
mes de mayo en su diseño.
Una reforma para pensiones presentes y futuras
La principal novedad de la reforma
que se avecina, según proponía el borrador al que tuvo acceso este diario, es
que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales.
Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará
que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas
en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización
anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de
las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta,
teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir
retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su
llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el
periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva
fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo
fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio
vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en
situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la
pensión y no solo la
congelación. Para que eso no suceda, el informe aconseja “la
fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes
ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la
puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada
con atención la fórmula y leído el informe se deja un mecanismo en manos del
Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a
través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en
épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria
como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras
partidas.
De quedar así la propuesta en la
reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de
actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja
que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual
debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo
modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco
de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta
los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25
años en 2022.
Los funcionarios
No se olvida el comité de sabios de
los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la
actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta.
“Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad
diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados
públicos]”.
En este punto se propone que si en
épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resulta un aumento de
pensiones significativo, se establezca un límite en el índice de precios al
consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de
que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.
El factor de sostenibilidad que
propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de
la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se
traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el informe: “implica
un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes
del 5% cada 10 años”.
De no sufrir modificaciones
sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y
sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo
automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno
sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la
actualización anual, asentado en la coyuntura económica.
Cambios más allá de la pensión
Aunque no cae estrictamente dentro
de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el
sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”.
De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras
reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.
Conscientes de la impopularidad de
la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de
pensiones”, el borrador estaba ya redactado en tono defensivo. “El factor de
sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el texto. Y argumenta: “A medio
y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario
medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión
media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se
aplicasen las nuevas fórmulas.
También responde las posibles
críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la
ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de
sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente
para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto
político y social”, apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera
laerosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a
justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en
cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada
en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno.
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